Se está gestando (y nunca mejor dicho) una nueva reforma sobre la ley del aborto. Esta reforma pretende eliminar los plazos y los supuestos por los que era legal realizar un aborto. Esta nueva ley pretende criminalizar a la mujer que adopte esta decisión y la condena a la práctica clandestina. No sólo a ella sino también a los profesionales que se lo efectúen.

Supone un ataque al derecho a decidir de las mujeres ya que se anula su capacidad de decisión. Parece que viene a decir que “no saben lo que hacen y necesitan que otros, más capaces, lo hagan por ellas”. En este aspecto, parece que legalmente se les considera personas incapacitadas o menores que necesitan un tutor legal para decidir.

A efectos prácticos se superpone el derecho a la vida a un ser vivo que constituye con conjunto de células que posteriormente darán lugar a un ser humano pero que aún no lo es. La mujer es quien debe albergar en su interior ese conjunto de células. Olvidamos el presente para centrar nuestros esfuerzos en un futuro que no sabemos cómo será pero que, a su vez, tampoco estamos poniendo muchas facilidades para que su desarrollo social, biológico, económico, cultural, etc. sea el correcto. El presente es la mujer, a la cual pasamos a considerar como un objeto cuya misión es engendrar y, posteriormente, cuidar de su prole con o sin medios o, lo que es peor, con o sin amor.

Se nos da a entender que la mujer que aborta lo hace como medida anticonceptiva y se intenta prevenir que esta intervención se realice de forma indiscriminada. Pero olvida el sufrimiento que supone para una mujer el tomar esta decisión. Si lo hace es porque valora su propia capacidad para ejercer como madre y los recursos con los que cuenta. Además, valora su propia salud (física y psicológica) y las consecuencias que tendrá tanto el abortar como el seguir adelante con el embarazo. Y valora, también, si va a sentir un afecto por el hijo o la hija que nazca. No deja de ser una decisión difícil y complicada.

Imaginemos una víctima de violación. Se supone que el ser engendrado no tiene culpa y precisamente por eso no debe estar condenado al desprecio del que puede llegar a ser víctima; y la madre tampoco tiene por qué recordar a su violador cada vez que vea a su hijo. Al contrario de lo que defienden ese estamento social que tiene prohibido formar una familia y sus seguidores, el nacimiento del bebé no cura el estrés postraumático de la madre sino todo lo contrario, re-victimiza a la mujer y le impide olvidar.

Por otra parte, el fruto de un embarazo no deseado conlleva el riesgo de abandono del bebé, de un posterior maltrato físico, psicológico y/o emocional, de negligencias en el cuidado, etc.

En el supuesto de que se sienta preparada para tener un hijo si no existen suficientes medios para tenerlo se van a crear sentimientos de culpabilidad y de inutilidad que pueden desembocar en ansiedad y depresión por no poder dar lo necesario.

¿Y en el caso de que nazca un niño con malformaciones o deficiencias? No somos conscientes de la amplísima gama de posibles trastornos y padecimientos que existen y siempre creemos que si nos toca será lo más ligero o que lucharemos porque nuestros hijos tengan una vida normal. Pero no es así, desgraciadamente, lo visible es lo menos complicado y nos hace tener una idea errónea de lo que es la discapacidad en realidad. Con esta medida, condenamos a las familias a ser esclavas de por vida de una persona dependiente que, en la mayoría de los casos, no podrá valerse por sí mismo y que también está condenado a una vida de dolor e insatisfacción. Por no hablar de los gastos innecesarios para la sanidad que todo esto conllevaría. Tema este del ahorro y del recorte que parece una obsesión para el actual gobierno.

Y como resultado de esto tendremos la clandestinidad de los abortos en clínicas más preocupadas por su beneficio que por sus resultados y la protección de la salud. Aumentará el riesgo de muerte por este tipo de intervenciones mal practicadas. Y sólo podrán permitirse hacerlo de una manera segura aquellas que puedan pagarse viajes, estancias y hospitales privados en el extranjero. Las que se queden aquí estarán estigmatizadas de por vida y serán consideradas criminales por la ley española.

Las creencias morales no deben interferir con los derechos y, mucho menos, con la salud física y/o psicológica. Esto nos pone a la altura de los países menos desarrollados moralmente y de los más fundamentalistas. Que por cierto son aquellos que tanto criticamos y con los que, incluso, entramos en guerra (aunque, obviamente, no por estos motivos)…